La Ley andaluza de Voluntariado dará cobertura y respuesta a la actividad de más de 48.400 personas en la provincia

La Ley Andaluza de Voluntariado, que entró en vigor el pasado martes 15 de mayo, dará cobertura y respuesta a la actividad de las más de 48.000 personas que participan en actuaciones de voluntariado. La nueva ley, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) “promueve la solidaridad desde la escuela y abre la participación en acciones de voluntariado a los menores partir de 12 años, siempre que no se perjudique su desarrollo o formación”, ha subrayado la directora general de Participación Ciudadana y Voluntariado, Rosa Torres, que ha presentado hoy la ley en Córdoba a los colectivos de voluntarios de la provincia junto a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, la coordinadora provincial de Participación Ciudadana y Voluntariado, Laly Quevedo, y la presidenta de la plataforma de Voluntariado de Córdoba, Pilar Pineda.
Torres ha destacado que “Andalucía da hoy un paso más y sigue avanzando en derechos” con normas como ésta, que facilitará el desarrollo de acciones de voluntariado tanto a las personas como a las aproximadamente 3.000 asociaciones vinculadas, de las cuales más de 200 desarrollan actividad en la provincia de Córdoba.
Además, la directora general ha resaltado algunos de los principales aspectos de la nueva ley, como “la apertura a nuevos agentes sociales como centros educativos, empresas, universidades y otros” y ha indicado que así, Andalucía se adapta a “una nueva realidad social que se caracteriza por los nuevos escenarios de participación, cada vez más complejos y cambiantes”, debido a la incorporación de las últimas tecnologías principalmente. Fruto de esta nueva realidad es el reconocimiento en la nueva ley del voluntariado digital, ha señalado la directora general de Participación Ciudadana y Voluntariado.
Por otro lado, Torres ha puesto de manifiesto que uno de los aspectos más destacados de la ley es la regulación de derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir.
Ha recordado también que la norma “abarca todo el abanico de la actividad solidaria, hasta reconocer un total de 12 modalidades de voluntariado” y ha hecho hincapié en la actividad relacionada con las personas menores. En este sentido, ha indicado que el objetivo es fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida.
Finalmente, la norma incorpora también disposiciones para favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.